El gobierno de Venezuela liberó el sábado a algunos de los miles de detenidos durante y después de las protestas mortales que siguieron a las elecciones presidenciales de julio. Los resultados controvertidos de esas elecciones han generado el repudio internacional hacia las autoridades, incluido el presidente Nicolás Maduro.

Las liberaciones se produjeron un día después de que el fiscal general, leal al gobierno, anunciara una revisión de 225 casos relacionados con los disturbios posteriores a los comicios, que tanto Maduro como el candidato opositor Edmundo González afirman haber ganado. Se produjeron emotivos reencuentros fuera de las cárceles en diversas ciudades del país.

Las organizaciones no gubernamentales venezolanas “Foro Penal” y “Observatorio Venezolano de Prisiones” informaron sobre las liberaciones en la red social X. La primera confirmó la liberación de al menos 70 personas, mientras que la segunda indicó que el gobierno liberó a los detenidos bajo ciertas condiciones que no fueron especificadas. Miembros de las fuerzas armadas acompañaron a los liberados por un puente peatonal en la ciudad de Tocuyito, al norte del país. Algunos detenidos se arrodillaron y levantaron los brazos al bajar las escaleras. Otros ayudaron a un compañero que no podía caminar por sí solo y que luego se desplomó en los brazos de un familiar, entre sollozos.

“¡Gracias, Señor, gracias!”, exclamó una mujer mientras abrazaba a su hijo con un brazo y levantaba el otro hacia el cielo. Imágenes compartidas por el Observatorio Venezolano de Prisiones mostraron a mujeres abrazando llorosamente a sus seres queridos fuera de otra prisión del país. La organización calificó las liberaciones como una “victoria” y exigió la liberación de todos los detenidos por su participación en las protestas y actividades posteriores a las elecciones.

El gobierno de Maduro ha recibido duras críticas por la falta de transparencia en las elecciones y la represión desatada después de las mismas, que incluyó la detención de líderes políticos, abogados, trabajadores electorales, voluntarios y manifestantes, tanto adultos como menores de edad.

Las protestas estallaron después de que las autoridades electorales de Venezuela declararan que Maduro había ganado las elecciones del 28 de julio y afirmaran que no podían publicar los resultados a nivel de centros de votación debido a que su página web había sido hackeada. Al mismo tiempo, la principal coalición opositora anunció que había obtenido las actas de escrutinio de más del 80% de las máquinas de votación electrónicas utilizadas en todo el país, las publicó en línea y afirmó que su candidato, González, había derrotado a Maduro por un amplio margen.

El número de detenidos por el gobierno ascendió a alrededor de 2,200 personas. Las autoridades, incluido el fiscal general Tarek William Saab, han defendido fuertemente las detenciones, pero a principios de esta semana, Maduro pidió a Saab y a los jueces que garantizara la “justicia” en caso de que algún caso “necesite ser rectificado o revisado”.

En septiembre, expertos independientes en derechos humanos de la ONU emitieron un informe en el que acusaron al gobierno venezolano de intensificar el uso de sus herramientas de represión más “duras y violentas” tras las elecciones disputadas de julio. El informe, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual y de género por parte de las fuerzas de seguridad del país, que “en su conjunto, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos.”

Varios países, incluidos algunos aliados de Venezuela, han instado a Maduro y a su gobierno a liberar a las personas detenidas de manera arbitraria y a publicar los resultados detallados de las elecciones.