Los legisladores republicanos en más de 20 estados están promoviendo leyes para penalizar a los funcionarios locales que se opongan a las políticas de aplicación de inmigración del presidente Donald Trump. Las medidas incluyen demandas, multas y posible tiempo en prisión para aquellos que se nieguen a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

En Georgia, un nuevo proyecto de ley aprobado por el Senado permitiría demandar a los gobiernos locales y funcionarios que adopten políticas de santuario. Esfuerzos similares están en marcha en Louisiana, Dakota del Sur, Tennessee, Wyoming y Nueva Hampshire. Algunas propuestas imponen sanciones severas, como la ley de Tennessee, que somete a los infractores a cargos por delito grave con hasta seis años de prisión. La legislación de Wyoming podría encarcelar a funcionarios locales por hasta una década y multarlos con $20,000.

La represión sigue a las demandas presentadas por el Departamento de Justicia de Trump contra las jurisdicciones de santuario, incluidas Illinois y Chicago. Los críticos argumentan que las medidas fomentarán el miedo y llevarán a detenciones ilegales, mientras que los partidarios afirman que refuerzan el estado de derecho. A medida que los estados intensifican la aplicación de la ley, se esperan desafíos legales a estas políticas agresivas.